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30/11/11
Los periodistas peruanos cuestionan la prepotencia de algunos dirigentes hacia los profesionales de la información
La ANP le recuerda al presidente regional de Ancash, que por la gestión pública que desempeña está en el deber de garantizar plenas condiciones para el ejercicio profesional de los periodistas
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su solidaridad con los periodistas de Radio Santo Domingo, de la provincia del Santa, quienes han sido víctimas una vez más de la actitud prepotente, la descalificación y el despropósito del presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
Preocupa a la ANP la actitud reiterada de Álvarez Aguilar, quien no pierde tribuna pública para cuestionar el accionar de los periodistas críticos de la región, mellar la credibilidad de quienes osan cuestionar su gestión pública y acosar a la prensa fiscalizadora.
Esta vez el blanco de los ataques de la autoridad regional ha sido Radio Santo Domingo, una radioemisora católica a la que tildó de radio difamadora y a cuyos directores y periodistas descalificó públicamente valiéndose de adjetivos de todo calibre.
Este ataque, y no por mera coincidencia, se produjo luego que el equipo periodístico de la radio informara sobre una decisión judicial que obliga al Gobierno Regional de Ancash a someterse a la fiscalización del Estado Peruano en todas las licitaciones públicas de obras y servicios.
La ANP le recuerda a la colectividad ancashina que este nuevo ataque a un medio de comunicación se suma a otros tantos incidentes protagonizados por Álvarez Aguilar. En razón a ello hace un llamado a estar alertas y vigilantes para impedir que voces y medios de comunicación que informan con independencia, veracidad y responsabilidad social sean silenciados.
La población necesita que subsistan voces plurales ya que sólo así el pueblo estará debidamente informado para participar reflexivamente en la toma de decisiones en la vida pública.
Asimismo, la ANP le recuerda al presidente regional de Ancash, que por la gestión pública que desempeña está en el deber de garantizar plenas condiciones para el ejercicio profesional de los periodistas. El no hacerlo y, por el contrarío, constituirse en una grave amenaza para la prensa independiente no hace más que deslegitimar su rol erigiéndolo como franco enemigo de la libertad de expresión y la democracia.
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